Sobre el sistema penitenciario nacional

 

Según lo abordado por   Campos Santelices (2024), el sistema penitenciario costarricense ha experimentado una evolución significativa en su concepción y estructura operativa, transitando desde un modelo centrado en la sanción y el encierro hacia un enfoque técnico-criminológico con base en los derechos humanos. Esta transformación ha implicado el desarrollo de un conjunto de programas diferenciados por niveles de atención institucional, semi-institucional, en comunidad y penal juvenil, cada uno diseñado para responder a las particularidades jurídicas, sociales y criminológicas de las personas privadas de libertad.

Además, la adopción de un modelo progresivo de atención introdujo una lógica de transición entre regímenes de mayor a menor restricción, condicionada por la conducta, la participación en actividades laborales y educativas, y la valoración técnica del sujeto. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la población penitenciaria y el deterioro institucional evidenciaron las limitaciones del modelo rehabilitador clásico. A partir de entonces, se promovió una visión más integral del fenómeno criminal, que reconoce la influencia estructural de la exclusión social, la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades como factores condicionantes de la conducta delictiva.

Según Teletica (2025), el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ofreció detalles sobre el proyecto para construir una nueva cárcel, destacando que busca mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Además, señaló los principales retos que enfrenta el sistema penitenciario costarricense y planteó soluciones, como la construcción de una cárcel modelo que respete los derechos humanos y cuente con tecnología de punta para optimizar el control y la rehabilitación. Por lo tanto, la propuesta de construir una cárcel modelo con respeto a los derechos humanos y tecnología avanzada busca superar los problemas actuales del sistema penitenciario. Además, reconoce que la delincuencia está influida por factores sociales como la exclusión y la desigualdad, por lo que no solo se trata de castigar, sino de atender el problema de forma integral.

Ahora bien, más allá de las reformas estructurales e infraestructurales, la transformación del sistema también se refleja en los procesos de atención directa a la población penitenciaria. En este sentido,   Campos Santelices (2024), la atención profesional se articula en torno a tres componentes  clave que son  jurídico, psicosocial y familiar-comunitario. Cada uno de estos aborda dimensiones específicas del sujeto en ejecución de pena o medida, permitiendo una intervención individualizada y contextualizada. Esta atención se desarrolla en tres fases secuenciales: ingreso, acompañamiento y egreso. El ingreso implica la evaluación inicial y la elaboración de un plan técnico adaptado a las condiciones personales, sociales y criminológicas de la persona. El acompañamiento representa el núcleo del trabajo profesional, donde se ejecutan acciones orientadas al desarrollo de habilidades para la vida, la identificación de factores de riesgo y protección, y el fortalecimiento de capacidades personales y sociales. Finalmente, el egreso constituye un momento crítico en el proceso de reinserción, que debe ser preparado cuidadosamente con el fin de garantizar la continuidad del acompañamiento y reducir el riesgo de reincidencia.

Además, el  modelo de intervención se sustenta en una metodología interdisciplinaria, en la que convergen saberes provenientes de distintas disciplinas como psicología, trabajo social, derecho, orientación, educación y criminología. Esta práctica profesional evita la fragmentación del sujeto, fomenta una lectura compleja de su realidad y permite construir estrategias de atención con enfoque integral. Además, se reconoce la importancia del trabajo grupal y del abordaje temático en áreas prioritarias como drogodependencia, violencia sexual y doméstica, aplicando enfoques como el cognitivo-conductual, sin descartar metodologías alternativas que se ajusten a las necesidades de la población atendida.

La atención a la población penal juvenil y a grupos específicos como mujeres y adultos mayores ha generado propuestas diferenciadas que buscan garantizar la equidad, el respeto a las particularidades biográficas y la adecuación de las intervenciones. Se promueve la participación activa del sujeto en su proceso de cambio, la construcción de proyectos de vida significativos y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.

Entre las propuestas más recientes se encuentra el Modelo de Oportunidades, que articula educación, capacitación laboral y condiciones dignas de vida en los centros penales. Esta iniciativa plantea una visión de la pena que supera la mera lógica retributiva y apunta a la construcción de ciudadanía desde la privación de libertad, haciendo énfasis en la corresponsabilidad de las personas privadas de libertad y en su participación en los procesos institucionales.

Imagen 1: Noticias del Periódico Delfino,  Costa Rica y la Unión Europea firman acuerdo para fortalecer el sistema penitenciario y la justicia restaurativa. (Delfino, 2025). https://delfino.cr/2025/03/costa-rica-y-la-union-europea-firman-acuerdo-para-fortalecer-el-sistema-penitenciario-y-la-justicia-restaurativa

Según el periódico Delfino.cr (2025), Costa Rica, en colaboración con la Unión Europea, suscribió un convenio de cooperación orientado a robustecer el sistema penitenciario nacional y consolidar la justicia restaurativa, con énfasis en la atención de mujeres en condición de privación de libertad. La propuesta contempla la conformación de un equipo técnico interinstitucional, respaldado por el programa PACCTO 2.0, cuyo objetivo es optimizar la articulación entre entidades estatales, impulsar políticas penitenciarias más humanas y efectivas, y fortalecer los procesos de reinserción social desde un enfoque basado en los derechos humanos.

Este convenio refleja el compromiso del Estado costarricense por transformar su sistema penitenciario hacia un modelo más humano, inclusivo y coordinado. Al centrarse en la atención de mujeres privadas de libertad, se reconoce la necesidad de respuestas diferenciadas, mientras que el respaldo internacional fortalece la capacidad institucional y promueve una reintegración efectiva, respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas.

Finalmente, en conjunto, la gestión penitenciaria se concibe como un proceso técnico y ético que busca no solo administrar el encierro, sino generar condiciones para que las personas puedan reconfigurar su trayectoria de vida y ejercer sus derechos en un marco de legalidad, dignidad y responsabilidad. El enfoque técnico-criminológico contemporáneo no niega la necesidad del control social, pero enfatiza que este debe ejercerse con racionalidad, proporcionalidad y sentido humano, reconociendo que el verdadero objetivo del sistema penitenciario es la reducción de la reincidencia y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Propuesta

Es fundamental fortalecer un modelo penitenciario que no solo castigue, sino que cuide y apoye a las personas privadas de libertad. Esto incluye ofrecer educación, capacitación laboral y atención personalizada que considere sus historias y necesidades. También es clave ampliar programas especiales para mujeres, jóvenes y adultos mayores, respetando sus derechos y promoviendo la justicia restaurativa. Además, se debe mejorar la infraestructura y la tecnología, y aprovechar acuerdos internacionales para que el sistema sea más humano, seguro y eficiente.

Conclusiones

En conclusion, el  sistema penitenciario de Costa Rica ha cambiado para enfocarse en respetar los derechos humanos y acompañar a las personas en su proceso de cambio. Reconocer que muchos delitos tienen raíces en la exclusión social nos invita a buscar soluciones integrales y justas. La colaboración con la Unión Europea y la apuesta por un modelo más inclusivo muestran un compromiso real por transformar las cárceles en espacios donde se pueda reconstruir una vida digna. Así, el verdadero objetivo es ayudar a que las personas no vuelvan a delinquir y contribuir a una sociedad más justa para todos.