El Ministerio de Justicia como actuar clave en la prevención del delito.

 

Campos Santelices (2024), menciona que la forma en que la institucionalidad costarricense ha enfrentado la violencia social ha pasado por diversos enfoques conceptuales, modificaciones normativas y esfuerzos intersectoriales. El análisis desarrollado por Campos Santelices (2024), representa un aporte clave al ofrecer una reconstrucción crítica de estos procesos, en la que se evidencian tanto los avances como las limitaciones aún presentes en el diseño e implementación de políticas públicas preventivas.

Además el Ministerio de Justicia ha promovido iniciativas orientadas a esta visión, consolidando estructuras institucionales que buscan articular políticas preventivas con actores locales. La creación de diversas direcciones y comisiones, como la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la CONAPAZ, que ha permitido sentar las bases para una acción estatal más coordinada. No obstante, se destaca que aún persisten barreras importantes, como la dispersión de funciones, la falta de liderazgo político de alto nivel, y la baja articulación entre instituciones, lo cual limita el impacto de las estrategias implementadas.

En un intento por superar estas limitaciones, se diseñó el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, una estrategia que promueve la articulación entre el Estado y las comunidades. Este plan incorpora programas dirigidos a poblaciones vulnerables, en especial jóvenes en situación de exclusión, mediante el fomento de liderazgos comunitarios, actividades artísticas y educativas, y la recuperación del espacio público como entorno de convivencia.

 

Según el video institucional del Ministerio de Justicia y Paz (2016), refuerza esta perspectiva al visibilizar proyectos concretos que articulan el trabajo del Estado con las comunidades. Iniciativas como centros cívicos, espacios restaurativos y programas socioculturales ejemplifican cómo la prevención puede ser efectiva cuando se construye desde lo local, con enfoque en los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social.

Por otra parte, el sistema judicial penal, se presenta una crítica a la concepción tradicional del castigo como herramienta central para garantizar la seguridad. Se señala que el endurecimiento de penas, sin acompañamiento de políticas sociales, resulta insuficiente e incluso contraproducente. Se plantea que el derecho penal debe actuar como último recurso, basado en el principio de racionalidad y orientado a la restauración del daño más que a la retribución.

Además, se subraya la importancia del garantismo penal como base de un sistema democrático. Las garantías procesales deben ser vistas como mecanismos de protección ciudadana y no como obstáculos a la justicia. Esta visión busca equilibrar el poder punitivo del Estado y evitar prácticas que vulneren derechos fundamentales, especialmente de sectores históricamente excluidos.

También se reflexiona sobre la diferencia entre la percepción de inseguridad y los datos estadísticos, explicando que muchas veces la ciudadanía se siente insegura no necesariamente por un aumento delictivo real, sino por influencia de los medios de comunicación, políticas internacionales o falta de inversión social. La seguridad, por tanto, no debe entenderse solo como ausencia de delito, sino como la presencia de condiciones que permitan una vida digna para todas las personas.

Este análisis concluye con la necesidad urgente de consolidar una política pública integral, sostenida en el tiempo, que supere los enfoques fragmentarios y reactive el papel del Estado como garante de derechos. La violencia debe ser comprendida desde una perspectiva estructural y abordada con estrategias que prioricen la prevención, la justicia restaurativa, la equidad social y la participación activa de las comunidades.

Imagen 1: Noticias del Periódico de la República, de la desconfianza del gobierno de Costa Rica antes la seguridad. (Arrieta, 2025). https://www.larepublica.net/noticia/nunca-antes-ticos-desconfiaron-tanto-del-gobierno-para-resolver-problema-de-inseguridad-como-ahora-segun-ciep-ucr?

Según Arrieta (2025), menciona que la encuesta del CIEP-UCR evidencia una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones del país, especialmente en su capacidad para enfrentar el problema de la inseguridad. Esta situación genera una presión sobre el gobierno para ofrecer respuestas inmediatas, lo que suele conducir a medidas de carácter punitivo. Sin embargo, estas acciones no abordan necesariamente las causas profundas del problema ni fomentan una estrategia de seguridad sostenible que priorice el bienestar social.

Propuesta

Para enfrentar la violencia social en Costa Rica, es necesario que el Estado trabaje en conjunto y de manera constante, dejando atrás esfuerzos aislados o dispersos. Esto implica escuchar y trabajar mano a mano con las comunidades, especialmente con quienes están en situaciones más vulnerables, apoyándolos con programas que promuevan la inclusión, la educación, la cultura y la recuperación de los espacios públicos. También es importante que el sistema de justicia cambie su enfoque, dejando de lado el castigo como primera opción, y apostando por soluciones que ayuden a reparar el daño y respeten los derechos de todos. Además, es fundamental que el gobierno comunique con transparencia y claridad para que la gente recupere la confianza y entienda mejor la realidad de la seguridad en el país.

Conclusión

En conclusion, enfrentar la violencia social no es tarea sencilla, pero Costa Rica tiene la oportunidad de construir un camino más justo y seguro para todos. Esto requiere que las instituciones y la sociedad trabajen juntas, con políticas que se enfoquen en prevenir, reparar y fortalecer los lazos entre las personas. Más allá de castigos y respuestas rápidas, lo que se necesita es un compromiso real que garantice la dignidad, el respeto y la participación de todos. Solo así será posible recuperar la confianza de la gente y crear comunidades donde la convivencia pacífica sea una realidad palpable.