¿Seguridad o privatización? El auge de los servicios de seguridad privada en Costa Rica.

 

El estudio de los servicios de seguridad privada en Costa Rica, abordado por Campos Santelices (2024), permite comprender cómo este fenómeno ha evolucionado más allá de una simple alternativa al resguardo estatal. Aunque estas empresas no forman parte del aparato público, su influencia en la estructura de seguridad ciudadana es cada vez más evidente, y con ello, la responsabilidad del Estado de regular, supervisar y garantizar que no se vulneren derechos ni principios fundamentales.

En el contexto costarricense, el crecimiento sostenido de las empresas de seguridad privada ha llevado a que su número de agentes supere con creces al de la policía estatal. Este hecho, si bien podría verse como un alivio operativo, es en realidad un signo de alerta desde una perspectiva criminológica, ya que supone la transferencia de funciones esenciales del Estado a entidades privadas motivadas, en muchos casos, por intereses comerciales antes que por criterios de bienestar social o justicia.

Además, uno de los principales problemas identificados es el aumento de la desigualdad en el acceso a la seguridad. Las personas con mayores recursos económicos pueden contratar servicios de vigilancia privada de calidad, mientras que las poblaciones más empobrecidas dependen exclusivamente de un sistema público limitado y muchas veces desbordado. Esto genera un desequilibrio estructural que alimenta la fragmentación social y la percepción de inseguridad en ciertos sectores.

Desde la mirada criminológica crítica, también se evidencian serias preocupaciones sobre las condiciones laborales de quienes trabajan como agentes de seguridad. Muchos vigilantes enfrentan extensas jornadas de hasta 36 horas seguidas, sin pago justo por horas extra ni garantías mínimas de bienestar. En algunos casos, se les obliga a realizar tareas administrativas que exceden su rol, y si ocurre un incidente, se les responsabiliza directamente. A esto se suma la contratación de personas migrantes, en particular nicaragüenses, muchas veces en condición irregular, lo cual las expone aún más a abusos y formas solapadas de explotación. Estos aspectos quedan reflejados de manera ilustrativa en este video documental que expone las condiciones reales en las que trabajan muchos agentes de seguridad privada en el país. (Charlie-Charlie, 2024):

Además, el informe también denuncia la falta de control real por parte de las instituciones encargadas. Se mencionan casos en los que empresarios del sector de seguridad mantienen vínculos con funcionarios públicos, lo cual compromete la imparcialidad en los procesos de fiscalización. En consecuencia, se advierte que algunas empresas utilizan razones sociales como fachada para evadir responsabilidades legales y fiscales.

Según el periódico Delfino.cr (2025), menciona que el Instituto Nacional de Seguros (INS) ha hecho un llamado explícito a las empresas de seguridad privada para que cumplan con la Ley 8395 y contraten el seguro obligatorio de responsabilidad civil, destinado a proteger a terceros ante posibles daños causados durante la prestación del servicio. Aunque 668 empresas ya cuentan con este seguro, la contratación ha disminuido, lo que representa un riesgo tanto para la sociedad como para los propios trabajadores. Por lo tanto, la noticia no solo informa una alerta técnica del INS, sino que también confirma un contexto más amplio de irregularidades, al evidenciar que el Estado no está ejerciendo un control efectivo sobre el sector de seguridad privada, lo cual permite que muchas empresas operen al margen de la ley.

Imagen 1: Noticias del Periódico Delfino,  Empresa de seguridad privadas deben contar con Seguro de Responsabilidad Civil Vigilancia. (Delfino, 2024). https://delfino.cr/2024/08/empresas-de-seguridad-privada-deben-contar-con-seguro-de-responsabilidad-civil-vigilancia?utm

Este panorama genera una serie de desafíos urgentes. Es necesario repensar el rol que deben tener los servicios privados de seguridad en el país. No se trata de eliminarlos, sino de establecer mecanismos de regulación que garanticen que actúen como un complemento responsable de la fuerza pública, y no como un sustituto funcional que responde a intereses privados sin considerar el bien común.

En suma,a la expansión descontrolada de la seguridad privada en Costa Rica no solo plantea dilemas operativos o administrativos, sino que representa un fenómeno complejo con profundas implicaciones sociales, éticas y criminológicas. El país tiene la capacidad institucional para asumir este reto, pero se requiere voluntad política, compromiso interinstitucional y un enfoque integral que sitúe al ser humano y sus derechos en el centro de la política de seguridad.

Propuesta

El crecimiento rápido y poco regulado de la seguridad privada en Costa Rica requiere una respuesta clara y estructurada. Se propone fortalecer la fiscalización con controles independientes, inspecciones periódicas y sanciones justas para asegurar el cumplimiento de la Ley 8395. Además, es fundamental garantizar condiciones laborales dignas y profesionalizar a los agentes mediante formación continua y la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, así como promover la regularización migratoria para evitar la explotación. Finalmente, la seguridad privada debe integrarse como un complemento regulado y coordinado con la Fuerza Pública, sin sustituir funciones estatales esenciales. Esto debe impulsarse desde una política pública amplia que reúna a todos los actores involucrados para asegurar equidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Conclusión

En conclusión,  la expansión descontrolada de la seguridad privada en Costa Rica es un desafío que afecta la justicia social y el orden estatal. Aunque responde a una necesidad real de protección, su desarrollo sin regulación adecuada ha generado desigualdades y precariedad laboral. El Estado tiene la obligación de actuar con rigor, aplicando la ley, promoviendo seguros obligatorios y supervisando las condiciones de trabajo. Así, la seguridad privada podrá consolidarse como un servicio ético y responsable, que complemente la labor pública y beneficie a toda la sociedad.